Además de enfrentar consecuencias legales, si una empresa no paga las utilidades correspondientes, puede ser sujeta a sanciones y demandas por parte de sus empleados. La multa oscila entre tres y 20 salarios básicos unificados. Si, además, omite declarar el pago de utilidades, la multa puede llegar a ser de entre 10 y 20 salarios básicos.
Estas sanciones no solo afectan las finanzas de la empresa, sino que también dañan su reputación, provocan conflictos con los trabajadores y ponen en riesgo su estabilidad. Cumplir con esta obligación legal es esencial para evitar problemas económicos y legales a largo plazo.